By La violencia y la inseguridad continúan golpeando al sistema educativo hondureño. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que cientos de docentes han tenido que abandonar sus comunidades, cambiar de centro educativo o solicitar traslados para proteger su vida, luego de ser víctimas de amenazas, extorsiones, persecuciones y otros hechos vinculados al desplazamiento forzado interno.
De acuerdo con datos del organismo, entre 2016 y 2025 se registraron 553 quejas de docentes que denunciaron encontrarse en riesgo o haber sido víctimas de desplazamiento forzado, una situación que refleja el impacto que la violencia tiene no solo sobre los educadores, sino también sobre miles de estudiantes que ven interrumpido su proceso de aprendizaje.
Docentes, entre los grupos más afectados por el desplazamiento
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó que los maestros representan uno de los sectores más vulnerables frente a la violencia en Honduras.
Según detalló, de cada cien casos de desplazamiento forzado atendidos por la institución, aproximadamente cinco corresponden a docentes, convirtiéndolos en el tercer grupo ocupacional más afectado, únicamente superado por amas de casa y comerciantes.
La funcionaria señaló que la problemática alcanza a profesores de educación prebásica, primaria, secundaria e incluso del nivel universitario, quienes desarrollan su labor en comunidades donde operan estructuras criminales o donde existen elevados índices de violencia.
Amenazas, extorsión y atentados forman parte de su realidad
El Conadeh indicó que muchos docentes enfrentan constantes amenazas relacionadas con su trabajo dentro de los centros educativos.
Entre las situaciones más frecuentes figuran intimidaciones por parte de grupos criminales, tentativas de homicidio, extorsiones, violencia basada en género, despojo de bienes y otros delitos que ponen en riesgo su integridad.
En numerosos casos, los educadores también son objeto de represalias por orientar a estudiantes en riesgo de ser reclutados por estructuras delictivas, denunciar hechos irregulares o simplemente ejercer autoridad dentro de las aulas.
Las autoridades explicaron que incluso existen maestros que han recibido amenazas por reprobar alumnos cuyos familiares mantienen vínculos con organizaciones criminales presentes en determinadas comunidades.
El desplazamiento se convierte en la única alternativa
Ante el peligro inminente, muchos docentes se ven obligados a abandonar sus hogares y solicitar traslados hacia otros municipios o departamentos como medida de protección.
Según explicó Reyes, cuando los profesores llegan al Conadeh o a las Direcciones Departamentales de Educación, la principal solicitud consiste en ser reubicados para preservar su vida y la de sus familias.
Sin embargo, la defensora señaló que un traslado no siempre resuelve el problema, ya que muchas personas continúan viviendo bajo temor constante, enfrentando pérdidas económicas, separación familiar y dificultades para reiniciar sus actividades laborales.
Por ello, insistió en la necesidad de establecer mecanismos integrales de protección que incluyan atención psicológica, acompañamiento institucional y medidas de seguridad más efectivas.
Mujeres docentes presentan la mayoría de denuncias
Las estadísticas recopiladas por el Conadeh muestran que el 68 % de las denuncias fueron presentadas por mujeres docentes, mientras que el 32 % corresponde a hombres.
Asimismo, alrededor del 75 % de los casos se concentran en cinco departamentos del país.
Francisco Morazán encabeza la lista con el mayor número de denuncias, seguido por Cortés, El Paraíso, Olancho y Choluteca, zonas donde la violencia y la presencia de estructuras criminales mantienen elevados niveles de riesgo para quienes laboran en el sistema educativo.
Agresores siguen siendo desconocidos en muchos casos
Uno de los aspectos que más preocupa al organismo defensor de derechos humanos es que en el 41 % de las denuncias los propios afectados identifican como agresores a personas desconocidas.
No obstante, también existen casos en los que las amenazas provienen de integrantes de estructuras criminales e incluso, según las quejas recibidas, de miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
El Conadeh considera que esta situación dificulta las investigaciones y aumenta la sensación de vulnerabilidad entre los docentes, quienes muchas veces optan por abandonar sus comunidades antes que continuar expuestos al peligro.
La violencia también afecta a los estudiantes
El organismo advirtió que las consecuencias del desplazamiento no recaen únicamente sobre los maestros.
Cada vez que un docente abandona un centro educativo por razones de seguridad, cientos de estudiantes también resultan afectados al interrumpirse los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Además, la exposición constante a hechos violentos provoca problemas emocionales tanto en alumnos como en profesores, generando cuadros de ansiedad, estrés, depresión, insomnio e incluso enfermedades relacionadas con la presión psicológica permanente.
Piden más psicólogos en los centros educativos
Ante este panorama, el Conadeh hizo un llamado a fortalecer el acompañamiento psicológico dentro del sistema educativo.
La institución considera indispensable que las escuelas y colegios cuenten con profesionales especializados en salud mental para atender tanto a docentes como a estudiantes afectados por la violencia.
Según Reyes, muchos niños y adolescentes presentan secuelas emocionales derivadas del entorno de inseguridad en el que viven, situación que también repercute en el rendimiento académico y en la convivencia escolar.
Conadeh pide una respuesta integral del Estado
Solo durante 2025, el Conadeh atendió 676 denuncias por desplazamiento forzado, de las cuales 59 correspondieron a docentes, cifra que representa el 8.7 % del total de casos registrados ese año.
Frente a esta realidad, el organismo exhortó al Estado a fortalecer las políticas de prevención de la violencia y crear mecanismos efectivos de protección para el personal docente.
Asimismo, insistió en que el país debe avanzar hacia una cultura de paz basada en el respeto, la convivencia y la promoción de valores desde los hogares, las escuelas y las comunidades.
“Los docentes no deberían verse obligados a abandonar las aulas para salvar sus vidas. Proteger a quienes educan también significa proteger el futuro de Honduras”, concluyó la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh.
