By El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández regresará al país a finales de julio de 2026, luego de haber permanecido por más de tres años en una prisión en Estados Unidos, y contará con un esquema de protección estatal al ser considerado expresidente de la República, según confirmaron autoridades del área de seguridad.
El anuncio ha generado expectativa en el ámbito político y jurídico nacional, luego de que se confirmara la suspensión de la orden de captura que pesaba en su contra, lo que abre paso a su retorno sin restricciones judiciales vigentes.
Suspensión de orden de captura permitió su retorno
De acuerdo con información oficial, un juez competente decidió suspender de manera temporal la orden de captura y la alerta internacional contra el exmandatario, tras una solicitud presentada por su defensa legal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La resolución fue comunicada a las autoridades de seguridad del Estado, instruyendo la eliminación de la alerta de los sistemas de persecución penal, lo que permitió que el exgobernante quede habilitado para ingresar al territorio nacional.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que a partir de la notificación judicial, Hernández ya no se encuentra bajo persecución penal activa y puede ingresar al país en el momento que lo estime conveniente.
Protección especial por su condición de expresidente
El titular de Seguridad explicó que, debido a su condición de exmandatario, Juan Orlando Hernández tendrá acceso a un esquema de protección especial del Estado, el cual es aplicado a todos los expresidentes del país.
“Él es un expresidente de la República y como tal cuenta con la protección especial del Estado, con los esquemas de seguridad que se asignan a quienes han ejercido la Presidencia”, señaló el funcionario.
Las autoridades indicaron que la protección será determinada mediante un estudio de seguridad que evaluará el nivel de riesgo, posibles amenazas y las condiciones logísticas necesarias para su resguardo.
Evaluación de riesgo definirá el esquema de seguridad
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, detalló que existe una unidad especializada encargada de la protección de dignatarios y exmandatarios, la cual será la responsable de definir el tipo de seguridad que se asignará.
Según explicó, el proceso incluye una evaluación técnica que determina el número de agentes, vehículos y la institución responsable de ejecutar la protección, ya sea la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
“Se realiza un estudio de seguridad para determinar el nivel de riesgo y en base a eso se define el esquema de protección que se va a implementar”, indicó el alto mando militar.
Confirmación de regreso y condiciones del viaje
El propio exmandatario ha confirmado que su retorno a Honduras está previsto para los últimos días de julio de 2026 y que, de no presentarse contratiempos, lo haría a través de vuelos comerciales.
Las autoridades han señalado que su ingreso al país no presenta restricciones legales vigentes tras la suspensión de la orden de captura, por lo que su llegada se desarrollará en condiciones normales de tránsito.
Audiencia judicial programada
A pesar de su retorno, el proceso judicial en su contra continúa en curso. Las autoridades judiciales han programado una audiencia de declaración de imputado para el 3 de agosto de 2026 a las 9:00 de la mañana, en la que se definirán los siguientes pasos del caso.
Este proceso se mantiene bajo seguimiento del sistema judicial hondureño, en medio de un contexto político y legal que continúa generando reacciones en distintos sectores del país.
Reacciones y contexto político
El anuncio del regreso del exmandatario ha reactivado el debate político en Honduras, debido a la relevancia de su figura en la vida pública reciente del país.
Mientras algunos sectores destacan el cumplimiento del proceso judicial y la aplicación del debido proceso, otros observan con atención las implicaciones institucionales y de seguridad que podría generar su retorno.
Las autoridades de seguridad han reiterado que todas las medidas adoptadas se enmarcan en la normativa vigente para la protección de expresidentes, sin distinción de su situación política o judicial previa.
Con su regreso previsto para finales de julio, Honduras se prepara para un acontecimiento de alto impacto político y mediático, en medio de un proceso judicial que aún no ha concluido.
