By El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, podría enfrentar sanciones penales en caso de que un tribunal determine su responsabilidad por los delitos que le atribuye el Ministerio Público. La acusación presentada en su contra contempla los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, relacionados con señalamientos vinculados a la libertad de prensa y expresión.
Según lo establecido en el Código Penal hondureño, las penas por estos delitos podrían incluir prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de la incitación a la discriminación, la normativa contempla sanciones que van desde uno hasta dos años de prisión, además de multas, para quienes promuevan públicamente actos de discriminación, hostilidad o violencia contra personas o grupos protegidos por la ley.
Mientras tanto, el delito relacionado con la limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales establece penas más elevadas cuando se trata de funcionarios públicos que, presuntamente, restrinjan o impidan de manera arbitraria el ejercicio de derechos constitucionales. Esta figura contempla penas de dos a cinco años de prisión y la posibilidad de una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante un período determinado.
El requerimiento fiscal fue presentado ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, que deberá dar seguimiento a las etapas correspondientes del proceso judicial. Como parte del procedimiento, Roosevelt Hernández fue convocado a una audiencia de declaración de imputado, donde se le informarán formalmente los hechos que la Fiscalía sostiene en su contra.
La defensa del exjefe militar informó que comparecerá voluntariamente ante las autoridades. Por ahora, Hernández mantiene la presunción de inocencia y será el sistema judicial el encargado de establecer si existe o no responsabilidad penal conforme avance el proceso.
