By Las autoridades hondureñas confirmaron avances significativos en la investigación de la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, Colón, donde 20 personas fueron asesinadas en uno de los hechos más sangrientos registrados en el país en los últimos años.
El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que las fuerzas de investigación ya lograron identificar a los siete presuntos autores materiales de la matanza, quienes actualmente son objeto de una intensa búsqueda por parte de los cuerpos de seguridad. Según el funcionario, se han recopilado importantes elementos de prueba que permitirán fortalecer el proceso judicial una vez se ejecuten las capturas.
La tragedia se registró en una galera donde funcionaba la iglesia Tierra Prometida, ubicada dentro de una finca de palma africana a pocos minutos de la comunidad de Rigores. De acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas se encontraban preparándose para iniciar sus labores agrícolas cuando varios hombres armados ingresaron por la parte trasera de la propiedad, los sometieron y posteriormente les dispararon a corta distancia.
El Ministerio Público confirmó que el número oficial de fallecidos ascendió a 20 personas, entre ellas tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres. La magnitud del crimen ha provocado consternación nacional y ha reavivado el debate sobre la violencia vinculada a los conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán.
Entre las historias más dolorosas que dejó la tragedia destaca la muerte de las hermanas María Linda, Mirza y Rosa Rodríguez, quienes trabajaban en la finca para sostener económicamente a sus familias. Sus funerales estuvieron marcados por el dolor de una comunidad que aún intenta comprender la dimensión de lo ocurrido.
Las investigaciones enfrentaron dificultades desde las primeras horas. Según las autoridades, cuando los equipos forenses llegaron al lugar de los hechos encontraron una escena alterada, ya que varios cuerpos habían sido retirados por familiares y trasladados a distintas viviendas de la comunidad. Esta situación obligó a los fiscales a solicitar autorización judicial para realizar la exhumación de las 20 víctimas con el fin de practicar pericias forenses complementarias y reconstruir con precisión lo sucedido.
El caso ocurre en una zona históricamente marcada por conflictos agrarios. El Bajo Aguán ha sido escenario durante décadas de disputas entre organizaciones campesinas, propietarios de tierras y empresas vinculadas a la producción agrícola, especialmente de palma africana. Estas tensiones han derivado en numerosos episodios de violencia, enfrentamientos armados y asesinatos que han dejado una profunda huella en la región.
Datos de la Secretaría de Seguridad revelan que entre 2014 y abril de 2026 al menos 446 personas murieron de forma violenta en conflictos relacionados con la tenencia de tierras en esta zona del país. Organismos nacionales e internacionales han señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de encontrar soluciones estructurales para reducir la conflictividad y garantizar la seguridad de las comunidades.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades aseguran que el esclarecimiento de la masacre de Rigores es una prioridad nacional. La población y los familiares de las víctimas exigen capturas, condenas y respuestas concretas para evitar que hechos de esta magnitud vuelvan a repetirse en una región que durante años ha vivido bajo la sombra de la violencia y la impunidad.
