By La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condenó de forma “enérgica” la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, donde al menos 19 personas fueron asesinadas en el interior de una finca de palma africana, y urgió al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas de protección para sobrevivientes, familiares y comunidades campesinas de la zona.
El pronunciamiento del organismo internacional se da en medio de la conmoción nacional provocada por uno de los hechos más violentos registrados recientemente en el litoral atlántico, el cual ha reactivado alertas sobre la situación de seguridad en el Bajo Aguán, región históricamente marcada por conflictos agrarios, disputas por la tierra y presencia de estructuras criminales.
Llamado urgente a proteger a sobrevivientes y comunidades
La OACNUDH solicitó a las autoridades hondureñas garantizar de manera inmediata la vida, integridad y seguridad de las comunidades campesinas, así como de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que operan en el Bajo Aguán.
El organismo subrayó la necesidad de implementar medidas de protección efectivas para las personas sobrevivientes y los familiares de las víctimas, quienes quedaron expuestos tras el ataque armado.
Asimismo, reiteró la importancia de evitar cualquier forma de estigmatización, represalia o acciones que puedan aumentar el riesgo en la zona, incluyendo discursos públicos que puedan afectar a las comunidades o a quienes colaboran con la investigación.
Exigencia de investigación independiente y sanciones
La Oficina del Alto Comisionado también pidió al Estado hondureño llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar, procesar y sancionar a los responsables de la masacre.
Según el organismo, este tipo de hechos no puede quedar en la impunidad debido a la gravedad del impacto en las comunidades rurales y al patrón de violencia que se ha repetido en la región.
Además, la ONU enfatizó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia y las capacidades institucionales para enfrentar la criminalidad organizada que opera en zonas rurales del país.
Violencia vinculada a problemas estructurales
La OACNUDH señaló que la masacre en Rigores no debe ser vista como un hecho aislado, sino como parte de una problemática estructural más amplia vinculada al acceso a la tierra, la pobreza, la desigualdad y la limitada presencia del Estado en zonas rurales.
De acuerdo con el organismo, el Bajo Aguán ha sido escenario de una conflictividad histórica derivada de la disputa por tierras agrícolas, originalmente otorgadas a campesinos en procesos de reforma agraria y posteriormente objeto de ventas, reclamos y disputas entre distintos actores.
El representante de OACNUDH en Honduras, Juan Carlos Monge, advirtió que esta situación constituye una amenaza persistente para los derechos humanos.
“Esta problemática constituye una amenaza persistente con raíces estructurales, que se entrecruza con la pobreza, la desigualdad, la violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal”, señaló Monge en un comunicado.
Advertencias previas sobre el Bajo Aguán
El organismo recordó que en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2025 ya había alertado sobre la presencia de organizaciones criminales con capacidad de influencia territorial en zonas cercanas a cooperativas campesinas del Bajo Aguán.
Según ese informe, la violencia ejercida por estos grupos ha provocado desplazamientos forzados, afectaciones a comunidades rurales y un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en la región.
La OACNUDH reiteró que el patrón de violencia en Colón responde a dinámicas complejas que combinan criminalidad organizada, disputas territoriales y debilidad institucional.
Llamado a una respuesta integral del Estado
El organismo de Naciones Unidas insistió en que el Estado hondureño debe abordar la crisis de manera integral, no solo desde la perspectiva de seguridad, sino también mediante políticas públicas orientadas a resolver los conflictos de tierra y reducir las condiciones de vulnerabilidad social.
En ese sentido, exhortó a fortalecer la presencia estatal en el Bajo Aguán, mejorar los mecanismos de prevención de violencia y garantizar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas.
La OACNUDH concluyó reiterando su solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades golpeadas por la masacre, al tiempo que reafirmó su disposición de continuar acompañando los esfuerzos para la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras.
Mientras tanto, la tragedia en Rigores continúa generando reacciones nacionales e internacionales, en un contexto donde crece la preocupación por la escalada de violencia en el norte del país.
