By Honduras continúa enfrentando serios desafíos en materia de protección a periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, en un contexto marcado por altos niveles de impunidad, cuestionamientos al funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección y el incumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que, pese a los compromisos asumidos por el Estado ante instancias internacionales, las investigaciones por asesinatos y agresiones contra periodistas avanzan lentamente, mientras las familias de las víctimas continúan esperando justicia.
Familiares de periodistas asesinados siguen exigiendo justicia
Uno de los casos que refleja esta situación es el del comunicador Javier Antonio Hércules Salinas, asesinado el 1 de junio de 2025 en Santa Rosa de Copán.
Al momento del crimen, el periodista contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia; sin embargo, ello no impidió que fuera víctima de un ataque mortal.
Más de un año después del asesinato, su esposa, Yohana García Trejo, asegura que la familia continúa esperando respuestas por parte de las autoridades.
Según su testimonio, la ausencia de avances en las investigaciones mantiene abierta una profunda herida para sus familiares, quienes reclaman el derecho a conocer la verdad y que los responsables enfrenten la justicia.
Organizaciones de derechos humanos consideran que este caso evidencia las debilidades existentes en los mecanismos estatales destinados a proteger a personas en situación de riesgo.
Más de un centenar de periodistas han sido asesinados
Registros de organizaciones nacionales indican que desde 2001 han sido asesinados al menos 103 periodistas, comunicadores sociales y personas vinculadas a medios de comunicación en Honduras.
A esta cifra se suman más de 210 abogados asesinados desde 2004 y alrededor de 111 defensores ambientales, territoriales y de derechos humanos entre 2015 y 2025.
Diversos organismos coinciden en que la mayoría de estos casos permanece sin sentencia firme, lo que mantiene elevados los índices de impunidad.
Especialistas advierten que esta situación genera un ambiente de inseguridad para quienes ejercen labores periodísticas o de defensa de derechos humanos, especialmente en zonas donde existen conflictos sociales o territoriales.
Honduras continúa bajo observación internacional
El Estado hondureño ha sido evaluado en cuatro ocasiones mediante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mecanismo que revisa el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Durante la evaluación más reciente, realizada en 2025, Honduras recibió 243 recomendaciones relacionadas con la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, combate a la corrupción, fortalecimiento institucional, igualdad de género y acceso a la justicia.
Entre las principales observaciones figura la necesidad de fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, garantizar investigaciones efectivas sobre ataques contra periodistas y eliminar obstáculos al acceso a la información pública.
Asimismo, varios Estados expresaron preocupación por el clima que enfrenta la libertad de expresión en Honduras y por el incremento de riesgos para quienes ejercen el periodismo.
Expertos consideran obligatorias las recomendaciones
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Daniel Cáceres, ha señalado que las recomendaciones emitidas durante el Examen Periódico Universal derivan de tratados internacionales ratificados por Honduras y, por tanto, deben ser cumplidas por el Estado.
A juicio del especialista, el incumplimiento de estos compromisos limita el fortalecimiento institucional y dificulta la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos.
Cuestionamientos al funcionamiento del Mecanismo de Protección
El funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección también continúa siendo objeto de críticas por parte de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Diversos sectores consideran que persisten limitaciones presupuestarias, problemas administrativos y deficiencias en la implementación de medidas preventivas para personas en riesgo.
En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos ha reconocido que trabaja en procesos de reorganización institucional y en la implementación de las recomendaciones aceptadas durante el último Examen Periódico Universal.
Las autoridades sostienen que actualmente se desarrollan acciones técnicas encaminadas a fortalecer la capacidad operativa del mecanismo y gestionar mayores recursos para garantizar la protección de los beneficiarios.
Denuncian riesgos para periodistas bajo medidas de protección
Entre los casos recientes también figura el de la periodista Bertha Suazo, quien ha denunciado públicamente situaciones de hostigamiento y vigilancia pese a contar con medidas de protección otorgadas por el Estado.
La comunicadora sostiene que ha presentado denuncias ante diferentes instituciones por presuntos actos de intimidación, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados que garanticen el cese de los riesgos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que estos hechos reflejan la necesidad de fortalecer los protocolos de protección y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de ejecutar las medidas.
Corte Interamericana mantiene observaciones al Estado
El informe más reciente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también analiza el grado de cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según el documento, Honduras mantiene importantes rezagos en la implementación de medidas relacionadas con restitución de derechos, rehabilitación de víctimas, garantías de no repetición, investigación de los hechos y sanción de los responsables.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el relacionado con las garantías de no repetición, donde el Estado mantiene un elevado porcentaje de incumplimiento respecto a las obligaciones establecidas por el tribunal internacional.
Asimismo, el informe señala pendientes en materia de investigación y judicialización de violaciones a derechos humanos, situación que diversos especialistas consideran un factor determinante para la persistencia de la impunidad.
La impunidad continúa siendo uno de los principales desafíos
Expertos nacionales e internacionales coinciden en que la falta de investigaciones oportunas y sanciones efectivas contribuye a la repetición de agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos.
También advierten que la ausencia de justicia debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho.
Mientras tanto, familiares de víctimas, organizaciones civiles y organismos internacionales continúan insistiendo en la necesidad de fortalecer las investigaciones, garantizar la protección efectiva de quienes se encuentran en riesgo y cumplir plenamente los compromisos adquiridos por Honduras en materia de derechos humanos.
El debate sobre la libertad de expresión y la protección de periodistas sigue ocupando un lugar central en la agenda nacional, en un escenario donde el combate a la impunidad continúa siendo uno de los principales retos para el Estado hondureño.
