By El Estado de Honduras comparecerá el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder por la aplicación de la figura del juicio político y el presunto incumplimiento de una sentencia internacional que ordenó reformar este mecanismo para garantizar la independencia judicial en el país.
La audiencia fue solicitada por organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales sostienen que el Estado no ha implementado las reformas ordenadas tras el fallo emitido en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según estos sectores, la utilización reciente del juicio político para destituir a altos funcionarios, entre ellos el fiscal general Johel Zelaya y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, evidencia que persisten las deficiencias señaladas por el tribunal internacional.
La canciller Mireya Agüero confirmó que la representación del Estado hondureño estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por el procurador Dagoberto Aspra, quien comparecerá junto a parte de su equipo jurídico para exponer la posición oficial del Gobierno durante la audiencia que se celebrará en Washington.
Diversos especialistas consideran que el proceso será determinante para evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de derechos humanos. El exdirector del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, advirtió que si la CIDH concluye que el Estado continúa incumpliendo la sentencia, el país podría enfrentar una nueva condena internacional y verse obligado a adoptar medidas adicionales para corregir las irregularidades detectadas.
Por su parte, el abogado Joaquín Mejía, representante de las organizaciones que solicitaron la audiencia, sostuvo que las recientes destituciones mediante juicios políticos reflejan que aún no existen garantías suficientes para proteger el debido proceso y el derecho a la defensa. A su criterio, la ausencia de reformas mantiene vigente un mecanismo que podría vulnerar la independencia de los funcionarios sometidos a este procedimiento.
En contraste, el analista Kenneth Madrid consideró que la interpretación sobre el alcance de la sentencia internacional podría generar un amplio debate jurídico. Señaló que las observaciones formuladas por la Corte Interamericana estaban relacionadas principalmente con procedimientos de naturaleza judicial y no necesariamente con la figura del juicio político prevista en la legislación hondureña, por lo que estima que será la Comisión la que determine si existe o no un incumplimiento.
Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el delegado adjunto Ricardo López manifestó su preocupación por el bajo nivel de cumplimiento que, según indicó, mantiene Honduras respecto a las resoluciones emitidas por los organismos internacionales de derechos humanos. Explicó que, si bien el Estado ha ejecutado algunas medidas como actos públicos de reconocimiento y divulgación de las sentencias, aún permanecen pendientes las reformas estructurales ordenadas por los tribunales internacionales.
La sentencia emitida en 2023 no solo estableció la obligación de reformar el mecanismo del juicio político para fortalecer la independencia judicial, sino que también ordenó al Estado hondureño indemnizar a cuatro exmagistrados destituidos en 2012 con una compensación superior a los 53 millones de lempiras, además de adoptar medidas que eviten la repetición de hechos similares.
La audiencia del próximo 5 de agosto será clave para determinar el nivel de cumplimiento de Honduras frente a sus compromisos internacionales y podría marcar el rumbo de futuras reformas en el sistema institucional y judicial del país, en caso de que la Comisión considere insuficientes las acciones implementadas hasta la fecha.
