By Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al Ministerio Público brindar información clara y acelerar las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por presuntos hechos de intimidación, amenazas, injurias y difamación dirigidos contra periodistas y medios de comunicación del país.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) manifestaron su preocupación por la falta de avances públicos en el caso, señalando que el tiempo transcurrido sin resultados concretos genera dudas y preocupación en distintos sectores de la sociedad. Ambas organizaciones recalcaron que el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley deben prevalecer sin importar la posición o influencia de las personas involucradas.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones indicaron que la ausencia de información oficial sobre el estado de las investigaciones alimenta interrogantes sobre si el proceso avanza con normalidad o si existe el riesgo de que las denuncias sean relegadas. En ese sentido, solicitaron a las autoridades fiscales informar de manera transparente sobre las diligencias realizadas y los pasos pendientes dentro del expediente.
Los defensores de derechos humanos también expresaron inquietud por los constantes señalamientos y discursos provenientes de funcionarios públicos que, según afirmaron, buscan desacreditar o intimidar la labor de periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos y ciudadanos que ejercen su derecho a informar y fiscalizar la gestión pública.
Asimismo, recordaron que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática y que cualquier acción orientada a limitar, amenazar o desacreditar el trabajo periodístico debe ser investigada con seriedad por las instituciones competentes. Añadieron que la protección de los comunicadores es indispensable para garantizar el acceso de la población a información de interés público.
Las organizaciones hicieron un llamado al Ministerio Público para que las denuncias sean tramitadas con la rapidez, transparencia y objetividad que establece la ley, respetando el debido proceso, pero evitando retrasos injustificados que puedan generar percepciones de privilegio o impunidad. Además, reiteraron que el fortalecimiento del Estado de Derecho pasa por asegurar que todos los ciudadanos respondan ante la justicia bajo las mismas condiciones y sin distinciones derivadas del poder o los cargos que hayan ocupado.
Finalmente, Asopodehu y Joprodeh señalaron que continuarán vigilantes del desarrollo del caso y reiteraron su compromiso con la defensa de la libertad de prensa, los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país.
