Las autoridades estadounidenses desmantelaron una estructura subterránea utilizada presuntamente por organizaciones criminales para el transporte de drogas entre México y Estados Unidos, tras una investigación que se prolongó durante varios meses en la frontera sur de California.
De acuerdo con los informes oficiales, el túnel conectaba la ciudad mexicana de Tijuana con un establecimiento comercial ubicado en la zona de Otay Mesa, en San Diego, California. Las investigaciones revelaron que la ruta clandestina era utilizada para introducir cargamentos de narcóticos hacia territorio estadounidense.
La construcción subterránea tiene una longitud aproximada de 590 metros y alcanza una profundidad cercana a los 17 metros. Además, cuenta con infraestructura avanzada que incluye sistemas de ventilación, iluminación eléctrica, rieles para el transporte de mercancías y paredes reforzadas para garantizar su funcionamiento.
Las autoridades indicaron que el acceso al túnel se realizaba mediante un elevador mecánico instalado dentro del inmueble que era objeto de vigilancia por parte de los agentes federales.
Durante el operativo efectuado en el negocio, identificado como punto de conexión de la red clandestina, los investigadores decomisaron más de una tonelada de cocaína. El valor estimado de la droga incautada supera los 45 millones de dólares en el mercado ilícito.
Funcionarios de seguridad señalaron que el hallazgo es resultado de labores de inteligencia desarrolladas por agencias especializadas que monitoreaban los movimientos sospechosos en el establecimiento comercial desde hace varios meses.
El jefe del sector San Diego de la Patrulla Fronteriza, Justin de la Torre, afirmó que las organizaciones criminales continúan desarrollando métodos cada vez más complejos para intentar introducir drogas a Estados Unidos y evadir los controles fronterizos.
Como parte de la investigación, cuatro personas fueron acusadas por su presunta participación en la operación de tráfico de narcóticos. Entre los señalados figuran dos residentes de San Diego y dos ciudadanos mexicanos, quienes enfrentarán cargos relacionados con delitos de narcotráfico y crimen organizado.

