By La paralización del concurso para optar a plazas de fiscales en el Ministerio Público ha generado cuestionamientos y reclamos por parte de un grupo de abogados que participaron en el proceso de selección, quienes exigen una respuesta formal que determine si el procedimiento será cancelado, suspendido temporalmente o continuará hasta la etapa de nombramientos.
Los profesionales del derecho, representados y coordinados por el abogado Alejandro Moncada, sostienen que la situación mantiene en incertidumbre a decenas de aspirantes que, después de superar distintas fases de evaluación, capacitación y selección, esperaban ser incorporados formalmente al Ministerio Público.
Moncada explicó que el pasado 30 de abril presentaron un reclamo administrativo con el objetivo de obtener una respuesta oficial sobre el estado del concurso. Sin embargo, según afirmó, hasta ahora no se les habría comunicado una resolución definitiva que establezca las razones jurídicas por las cuales el proceso fue detenido.
El abogado señaló que existe una resolución mediante la cual se ordena abstenerse de continuar con los procedimientos administrativos relacionados con la contratación de nuevos fiscales. A criterio de la representación de los participantes, dicha medida no resuelve de fondo la situación planteada en el reclamo administrativo.
Cuestionan la figura jurídica utilizada para detener el proceso
Uno de los principales cuestionamientos planteados por los abogados está relacionado con el uso de la figura de la abstención. Moncada sostuvo que la Ley de Procedimiento Administrativo contempla mecanismos como la recusación y la abstención para funcionarios que conocen determinados asuntos, pero consideró que estas figuras no pueden utilizarse para evitar que la institución responda formalmente a las solicitudes presentadas por los participantes.
“El Ministerio Público tiene la obligación legal de dar respuesta al reclamo administrativo que nosotros presentamos”, manifestó el abogado.
Ante esta situación, los profesionales anunciaron que presentarán una solicitud de pronta resolución para que el fiscal general emita una decisión expresa, fundamentada y motivada sobre el futuro del concurso.
La petición busca que la institución establezca con claridad si el proceso será cancelado, suspendido o continuará, además de explicar las razones legales y administrativas que sustenten cualquiera de las decisiones.
Participantes piden certeza sobre el concurso
Los abogados consideran que actualmente existe una especie de suspensión material del proceso, pero cuestionan que no exista, según su versión, una resolución definitiva que explique de manera detallada las causas de la paralización.
Moncada también señaló que, si dentro del concurso existen indicios de irregularidades o posibles delitos, estos deben ser identificados y explicados formalmente por las autoridades correspondientes, de manera que los participantes conozcan las razones que podrían justificar una eventual suspensión o cancelación.
El representante legal insistió en que cualquier decisión que afecte a los aspirantes debe respetar los principios jurídicos aplicables y garantizar el derecho de los participantes a conocer el fundamento de las medidas adoptadas.
Cerca de mil abogados participaron inicialmente
De acuerdo con la información proporcionada por Moncada, alrededor de mil profesionales del derecho participaron inicialmente en el concurso, cuyo proceso comenzó en septiembre del año pasado.
A medida que avanzaron las distintas etapas de evaluación y selección, el número de aspirantes se redujo hasta llegar a un grupo de 60 profesionales que obtuvo las calificaciones más altas.
Estos 60 abogados fueron posteriormente capacitados e inducidos por el Ministerio Público durante el mes de marzo, por lo que, según Moncada, únicamente quedaba pendiente el proceso de nombramiento para que pudieran incorporarse formalmente a la institución.
Aunque 36 abogados forman parte directamente del reclamo administrativo, la paralización del procedimiento afecta al conjunto de profesionales que logró superar las diferentes etapas del concurso.
Señalan posibles irregularidades y piden que sean aclaradas
Otro de los puntos de controversia está relacionado con una supuesta investigación sobre posibles irregularidades dentro del concurso.
Moncada afirmó que el Ministerio Público les ha comunicado que existe una investigación activa relacionada con una posible manipulación del proceso. No obstante, aseguró que hasta el momento no se les habría explicado con precisión en qué consistirían esas presuntas irregularidades ni quiénes estarían involucrados.
“Entendemos que hay sospechas de que pudo haber manipulación”, expresó el abogado, quien cuestionó que una eventual irregularidad atribuible a un número reducido de participantes pueda provocar la paralización de todo el procedimiento.
A su juicio, si las autoridades detectaron anomalías concretas, estas deberían ser investigadas individualmente y determinarse las responsabilidades correspondientes, sin afectar automáticamente a quienes cumplieron con las distintas etapas de selección.
Los representantes de los participantes también cuestionaron los recursos económicos, humanos y administrativos que fueron destinados al desarrollo del concurso y señalaron que una eventual cancelación tendría que estar debidamente fundamentada.
Reclaman contratación ante déficit de fiscales
Los abogados también consideran contradictorio que el Ministerio Público haya señalado en diferentes ocasiones la necesidad de incrementar el número de fiscales para atender la carga de trabajo, mientras mantiene detenido un proceso en el que decenas de profesionales ya completaron las etapas de selección y capacitación.
Según Moncada, los aspirantes necesitan certeza jurídica para conocer si serán nombrados, si deberán continuar esperando una resolución o si el concurso será definitivamente cancelado.
El representante de los participantes sostuvo que los cambios administrativos, las decisiones internas o las investigaciones que pudieran estar en curso no deben traducirse en una indefinición prolongada para quienes participaron en el proceso bajo las reglas establecidas.
Esperan una resolución expresa del fiscal general
Los profesionales del derecho esperan que el fiscal general emita una resolución definitiva en la que se establezca el futuro del concurso y se expongan de manera clara las razones jurídicas y administrativas que sustenten la decisión.
La solicitud de los abogados busca poner fin a la incertidumbre que, según sostienen, afecta a los 60 aspirantes que lograron superar las diferentes etapas del proceso y que permanecen a la espera de conocer si podrán ser incorporados al Ministerio Público.
Mientras tanto, el reclamo administrativo continúa siendo uno de los principales mecanismos utilizados por los participantes para exigir una respuesta oficial. La controversia ahora se centra en que el Ministerio Público defina si el concurso continuará hacia la etapa de nombramientos, si será suspendido de manera formal o si finalmente será cancelado.
