By La Policía Nacional ha sancionado a más de 10,700 funcionarios policiales y empleados de la Secretaría de Seguridad durante los últimos ocho años y medio, de los cuales alrededor de 4,500 terminaron despedidos por faltas calificadas como graves y muy graves, según datos oficiales.
Un análisis basado en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad establece que entre 2018 y julio de 2026 un total de 10,752 miembros de la institución fueron sometidos a procesos disciplinarios por diferentes infracciones, desde incumplimientos administrativos hasta conductas relacionadas con posibles actos ilícitos.
Las cifras reflejan que, en promedio, entre nueve y diez policías fueron separados semanalmente durante ese período, aunque una parte importante de los casos permanece en procesos administrativos o concluye con sanciones distintas al despido.
Faltas graves concentran la mayoría de sanciones
Del total de sanciones registradas, aproximadamente 65 % corresponden a faltas graves y muy graves, equivalentes a 7,007 casos, mientras que el restante corresponde a infracciones consideradas leves.
Entre las faltas que pueden llevar a la separación definitiva de un funcionario se encuentran el abandono del cargo, consumo de sustancias prohibidas, negligencia en las funciones, uso indebido de bienes institucionales, aceptación de dádivas, participación en actividades ilícitas y vínculos con estructuras relacionadas con el crimen organizado.
Las autoridades policiales han señalado que cada proceso debe cumplir con una investigación previa realizada por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), además de una audiencia de descargo donde el señalado tiene derecho a presentar sus argumentos y pruebas.
2021 registró más despidos
Los registros indican que los años con mayor cantidad de cancelaciones fueron 2021, con 794 despidos; 2022, con 763; y 2023, con 741.
En contraste, durante 2018 solamente se contabilizaron tres separaciones definitivas. Para 2026, hasta el mes de julio, la Secretaría de Seguridad reportaba alrededor de 150 cancelaciones.
La mayoría de los funcionarios despedidos corresponde a agentes de policía, con más de 4,000 casos, representando cerca del 88 % del total. También aparecen miembros de escalas superiores, entre ellos comisarios, subcomisionados, comisionados y comisionados generales.
Denuncias de corrupción y vínculos criminales
El proceso de depuración policial continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro de la institución, debido a denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y posibles vínculos con organizaciones criminales.
La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, señaló que la depuración debe involucrar también a otras instituciones del sistema de justicia para garantizar que los casos más graves no queden únicamente en sanciones administrativas.
“Los policías involucrados en delitos o estructuras criminales deben ser investigados de manera integral”, han señalado sectores que han pedido mayor fortalecimiento de los mecanismos de control interno.
La depuración continúa
El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, ha indicado que la depuración dentro de la Policía Nacional es un proceso permanente y que las sanciones se aplican cuando existen pruebas suficientes sobre faltas disciplinarias o éticas.
Según los registros oficiales, las direcciones con mayor número de funcionarios sancionados son la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las autoridades sostienen que los controles internos buscan fortalecer la confianza ciudadana en la institución, mientras sectores críticos consideran que todavía existen retos para garantizar transparencia, sanciones efectivas y una policía libre de elementos vinculados con actividades ilícitas.
